Grupo 3: Boeri, Gallegos, Gorini, Yoffret
Eje 7
Política y legislación en telecomunicaciones
La ley 26.522 en sus primeros artículos incorpora lo pautado en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), además de basarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que manifiestan que toda persona es libre pero con responsabilidad respecto a la comunidad. El ejercicio de las libertades no deben contradecir en absoluto a los objetivos y principios de las Naciones Unidas, por lo que es necesario fomentar una sociedad de la información que respete la dignidad humana.
La educación, el conocimiento, la información y la comunicación se reconocen como componentes esenciales para el progreso y el bienestar de los seres humanos. Además, las TICs son reconocidas un instrumento y no un fin en sí mismas, ya que acrecientan la productividad, generan crecimiento económico, y facilitan el diálogo entre naciones.
Uno de los organismos que regula esta ley es la Comisión Bicameral que está conformada por ocho senadores y ocho diputados, de esta manera, tiene seguimiento dentro del Congreso buscando la representatividad.
A partir del Plan de Acción de la CMSI, se prevé atender a la Ley de Diversidad e Identidades Culturales, la diversidad lingüística y la producción de contenido local. Con la aplicación de este plan los pueblos originarios nacionalizados argentinos tuvieron su primer radio Wichi en Neuquén.
Respecto al financiamiento y sustentabilidad de los medios que permite la ley, la publicidad es una de las fuentes, y es considerada contenido, es decir, debe cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo no debe poseer rasgos discriminatorios, debe ser de carácter nacional y cumplir determinada duración. Otra de las fuentes es la asignación de gravámenes: %28 del AFSCA, %25 del INCAA, %20 del SDE, %10 del INT, y %5 de la Defensoría del público. También son fuentes de sustentabilidad las donaciones y los abonos social.
Las BASES son la Red Federal de Fibra Óptica, Arsat y TV Pública.
Antecedentes de ARSAT:
1985: Iniciada la vuelta de la democracia Argentina obtuvo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones la reserve de dos órbitas para establecer un satélite nacional.
1991: Durante el primer gobierno de Carlos Menem, se llama a concurso para la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de satélite nacional.
1996: Se adjudica esta licitación a la empresa NahuelSat SA de capitales extranjeros. Se ponen en órbita los satélites Nahuel C1 Y C2 y luego son reemplazados por el satélite Nahuel 1A.
1998: Se liberalizan los servicios de telecomunicaciones, excepto el servicio satelital que exigía un acuerdo de reciprocidad. Se habilitó a la empresa DirecTV, vinculada al Grupo Clarín, a operar con sistema de televisión y audio satelital.
2003: Iniciado el gobierno de Néstor Kirchner se inicia una prórroga que le es otorgada. La empresa NahuelSat se declara en quiebra y liquida sus bienes.
2004: Se solicita una segunda prórroga para crear una empresa reemplazante, una sociedad anónima con mayoría estatal, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT).
2006: Aprobación ley SCA cuyas acciones corresponden %98 al Ministerio de Planificación y %2 al Ministerio de Economía.
2007: ARSAT e INVAP (única empresa latina reconocida por la NASA para crear sistemas satelitales completos) construyen el primer satélite de comunicaciones geoestacionario nacional.
2014: Se construye el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Se lanza el ARSAT-1 y a los meses tiene su primera transmisión.
2015: Se autoriza a la empresa ARSAT a ubicar el satélite ARSAT-2, el cual fue construido en conjunto con ARSAT-1. Se sanciona la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino, que prevé lanzar al espacio ocho satélites entre el año 2015 y 2035.
Los objetivos de estas políticas eran promover el desarrollo de industria argentina y la integración cultural. ARSAT fue construido por científicos argentinos y el %50 de sus piezas fueron de fabricación nacional. Al lanzarse al espacio se sumó a los ocho satélites europeos, siendo el primer satélite latinoamericano y el primero originario de un continente no europeo. Se fundó bajo los conceptos fundamentales de SOBERANÍA, por no tercerizar servicios ni contenidos de otras naciones, además de disputar en el mercado global, y de COOPERACIÓN por la implicancia de UNASUR.
Iniciado el gobierno de Mauricio Macri se desguaza el proyecto de desarrollo industrial, tecnológico y de integración cultural. Acompañado por el discurso de falta de financiamiento, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, transfiere la titularidad de las acciones de ARSAT al Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, y luego, al Ministerio de Modernización.
En 2016, se designa a Rodrigo De Loredo, yerno de Oscar Aguad, presidente de ARSAT. Su primer medida fue interrumpir la construcción de ARSAT-3 por “desmanejo de fondos”, lo que generó la pérdida de posición orbital.
En 2017 se da a conocer que ARSAT había firmado un acuerdo para conformar una nueva empresa encargada de construir y gestionar ARSAT-3, esta se llamaría NEWCO y estaría conformada %51 por Hughes y %49 por ARSAT permitiendo posibilidad de nuevo socios. Esto en inconstitucional dado que uno de los artículos de la ley especifica que toda modificación debía ser aprobada por el congreso con mayoría agravada o especial.
Sumado a que el Plan Satelital Geoestacionario Argentino no está funcionando, se está llevando a cabo una nueva política de cielos abiertos o “cielos dirigidos” que favorece a empresas satelitales extranjeras, generando una competencia desigual. Mediante ENACOM el gobierno de Macri autorizó a 14 satélites extranjeros a dar cobertura en el país, relegando el proyecto argentino de soberanía por intereses de capitales trasnacionales. Según los organismos de derechos humanos internacionales, el espacio orbital no debe afectarse por políticas comerciales, perderlo implica debilitar la democracia y la productividad.
Estas medidas que se tomaron en cuatro años de macrismo dan cuenta de la voluntad política de la gestión y nos permite visualizar dos modelos contrapuestos con las políticas que desarrolló el gobierno anterior. Hoy, Argentina no sólo no puede ser proveedor satelital de otros países si no que nos condicionan a invertir en lo que, como sabemos, podríamos producir.
Eje 7
Política y legislación en telecomunicaciones
La ley 26.522 en sus primeros artículos incorpora lo pautado en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), además de basarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que manifiestan que toda persona es libre pero con responsabilidad respecto a la comunidad. El ejercicio de las libertades no deben contradecir en absoluto a los objetivos y principios de las Naciones Unidas, por lo que es necesario fomentar una sociedad de la información que respete la dignidad humana.
La educación, el conocimiento, la información y la comunicación se reconocen como componentes esenciales para el progreso y el bienestar de los seres humanos. Además, las TICs son reconocidas un instrumento y no un fin en sí mismas, ya que acrecientan la productividad, generan crecimiento económico, y facilitan el diálogo entre naciones.
Uno de los organismos que regula esta ley es la Comisión Bicameral que está conformada por ocho senadores y ocho diputados, de esta manera, tiene seguimiento dentro del Congreso buscando la representatividad.
A partir del Plan de Acción de la CMSI, se prevé atender a la Ley de Diversidad e Identidades Culturales, la diversidad lingüística y la producción de contenido local. Con la aplicación de este plan los pueblos originarios nacionalizados argentinos tuvieron su primer radio Wichi en Neuquén.
Respecto al financiamiento y sustentabilidad de los medios que permite la ley, la publicidad es una de las fuentes, y es considerada contenido, es decir, debe cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo no debe poseer rasgos discriminatorios, debe ser de carácter nacional y cumplir determinada duración. Otra de las fuentes es la asignación de gravámenes: %28 del AFSCA, %25 del INCAA, %20 del SDE, %10 del INT, y %5 de la Defensoría del público. También son fuentes de sustentabilidad las donaciones y los abonos social.
Las BASES son la Red Federal de Fibra Óptica, Arsat y TV Pública.
Antecedentes de ARSAT:
1985: Iniciada la vuelta de la democracia Argentina obtuvo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones la reserve de dos órbitas para establecer un satélite nacional.
1991: Durante el primer gobierno de Carlos Menem, se llama a concurso para la instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de satélite nacional.
1996: Se adjudica esta licitación a la empresa NahuelSat SA de capitales extranjeros. Se ponen en órbita los satélites Nahuel C1 Y C2 y luego son reemplazados por el satélite Nahuel 1A.
1998: Se liberalizan los servicios de telecomunicaciones, excepto el servicio satelital que exigía un acuerdo de reciprocidad. Se habilitó a la empresa DirecTV, vinculada al Grupo Clarín, a operar con sistema de televisión y audio satelital.
2003: Iniciado el gobierno de Néstor Kirchner se inicia una prórroga que le es otorgada. La empresa NahuelSat se declara en quiebra y liquida sus bienes.
2004: Se solicita una segunda prórroga para crear una empresa reemplazante, una sociedad anónima con mayoría estatal, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT).
2006: Aprobación ley SCA cuyas acciones corresponden %98 al Ministerio de Planificación y %2 al Ministerio de Economía.
2007: ARSAT e INVAP (única empresa latina reconocida por la NASA para crear sistemas satelitales completos) construyen el primer satélite de comunicaciones geoestacionario nacional.
2014: Se construye el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Se lanza el ARSAT-1 y a los meses tiene su primera transmisión.
2015: Se autoriza a la empresa ARSAT a ubicar el satélite ARSAT-2, el cual fue construido en conjunto con ARSAT-1. Se sanciona la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital y se aprueba el Plan Satelital Geoestacionario Argentino, que prevé lanzar al espacio ocho satélites entre el año 2015 y 2035.
Los objetivos de estas políticas eran promover el desarrollo de industria argentina y la integración cultural. ARSAT fue construido por científicos argentinos y el %50 de sus piezas fueron de fabricación nacional. Al lanzarse al espacio se sumó a los ocho satélites europeos, siendo el primer satélite latinoamericano y el primero originario de un continente no europeo. Se fundó bajo los conceptos fundamentales de SOBERANÍA, por no tercerizar servicios ni contenidos de otras naciones, además de disputar en el mercado global, y de COOPERACIÓN por la implicancia de UNASUR.
Iniciado el gobierno de Mauricio Macri se desguaza el proyecto de desarrollo industrial, tecnológico y de integración cultural. Acompañado por el discurso de falta de financiamiento, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, transfiere la titularidad de las acciones de ARSAT al Ministerio de Comunicaciones a cargo de Oscar Aguad, y luego, al Ministerio de Modernización.
En 2016, se designa a Rodrigo De Loredo, yerno de Oscar Aguad, presidente de ARSAT. Su primer medida fue interrumpir la construcción de ARSAT-3 por “desmanejo de fondos”, lo que generó la pérdida de posición orbital.
En 2017 se da a conocer que ARSAT había firmado un acuerdo para conformar una nueva empresa encargada de construir y gestionar ARSAT-3, esta se llamaría NEWCO y estaría conformada %51 por Hughes y %49 por ARSAT permitiendo posibilidad de nuevo socios. Esto en inconstitucional dado que uno de los artículos de la ley especifica que toda modificación debía ser aprobada por el congreso con mayoría agravada o especial.
Sumado a que el Plan Satelital Geoestacionario Argentino no está funcionando, se está llevando a cabo una nueva política de cielos abiertos o “cielos dirigidos” que favorece a empresas satelitales extranjeras, generando una competencia desigual. Mediante ENACOM el gobierno de Macri autorizó a 14 satélites extranjeros a dar cobertura en el país, relegando el proyecto argentino de soberanía por intereses de capitales trasnacionales. Según los organismos de derechos humanos internacionales, el espacio orbital no debe afectarse por políticas comerciales, perderlo implica debilitar la democracia y la productividad.
Estas medidas que se tomaron en cuatro años de macrismo dan cuenta de la voluntad política de la gestión y nos permite visualizar dos modelos contrapuestos con las políticas que desarrolló el gobierno anterior. Hoy, Argentina no sólo no puede ser proveedor satelital de otros países si no que nos condicionan a invertir en lo que, como sabemos, podríamos producir.
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