Grupo 1: Mateo Bussi, Macarena Tapia, Nicolás Glardón, María Sol Prados.
Comenzada la clase, el último grupo de la actividad n°1 realizó su exposición sobre el texto de Vizer (2011) Aldea global y mediatización.
El primer capítulo aborda el surgimiento de las TIC que hace que haya un cambio en las prácticas sociales atravesadas por la incorporación a gran escala de los dispositivos móviles. Se pasa de Medios de masas a medios de autoconvocación de masas en donde existe una fuerte oligopolización mediática (dos o tres plataformas privadas en las que millones de personas vuelcan sus contenidos a cambio de una remuneración económica considerablemente escasa, a su vez que consumen otros; o sea, se han convertido en prosumidores de contenidos).
Aquí los medios son el espacio en el que se juegan todos los poderes. Son empresas que buscan ganar dinero. Ya no se busca propiciar el acceso a la información y en ese sentido, al sector político le interesa el medio para poder llegar a la sociedad.
Se hace una distinción/oposición entre comunicado en diferido a comunicación a la carta, donde se da una selección y encauzamiento. Nos quedamos en una burbuja de todo lo que nos interesa posibilitada por las características de los dispositivos y aplicaciones actuales.
Esta comunicación a la carta no sólo se relaciona a un sentido comunicacional de contenido, sino comercial, a toda la sociedad de consumo. Se problematizó la situación actual en la cual las plataformas y redes sociales acompañan la lógica de mercado y el individualismo primando los gustos e intereses personales por sobre el acceso a la diversidad de contenidos.
El profesor (Sebastián) relacionó esta idea a la teoría de la aguja hipodérmica, en cómo mutó la concepción de influencia. Ahora la publicidad se centra en el sujeto e invade espacios,es cuestión capilar, sutil y orgánica.
Desde el grupo se remarca la tendencia actual a “Generar entornos”. Habitamos un contexto donde el sujeto está en una aldea global como ya lo predijo McLuhan, una sociedad hipermediatizada. El surgimiento de las TICS modifica las prácticas sociales y nos provee, a partir de los algoritmos que trabaja el Internet, de burbujas de intereses, es la “oferta a la carta”. Nos encerramos en posicionamientos ideológicos similares al nuestro.
En función de lo conversado, se puso en tensión la idea de democracia participativa y cómo es posible alcanzar una participación plena si los grupos sociales se van encerrando cada vez más en sí mismos.
El grupo reforzó la idea que no hablar de los medios de comunicación como el cuarto poder sino de las ganancias porque los medios reflejan las “cartas de poder”. A razón de esto, Ramonet menciona que la libertad es una utopía. y describen un mundo donde todos somos productores y receptores de la información, donde incluso los videos que circulan en las redes compiten por la atención de la audiencia consumidora de los medios audiovisuales tradicionales. Esto sucede porque en la edición de los videos para web se pone énfasis en el factor emocional.
Se discutió que la cultura se ha mercantilizado audiencia es vista como consumidora, la comunicación es una mercancía. Esto se extiende al plano político, con la mercantilización e la individualización de las audiencias, la reducción de los ciudadanos a meros consumidores de informaciones.
Concluimos que en ésta tenue división entre audiencia y ciudadanía, subyace ideas tales como la racionalidad individualista, la parcialidad de la información a la que accedemos, la comunicación como mercancía en declive de la idea que defendemos desde la cátedra, la defensa de la comunicación como derecho para la lucha contra las desigualdades. El derecho a la comunicación para la defensa de la democracia.
Luego de la exposición del grupo 1 continuamos con el inicio del desarrollo del Módulo 2. El eje 1 y 2 fue desarrollado por los grupos 4 y 5.
Comenzaron la exposición retomando la “dicotomía” entre cómo conciben a la comunicación los medios y cómo la concebimos nosotros. Por un lado se plantea que los medios ven a la comunicación como un negocio privado, donde todo es intercambiable. Y se retoma la idea de que la Comunicación es un Derecho, y que como sujetos de derecho todos tenemos derecho a la información.
Plantearnos como sujeto de derecho significa ser capaces de escuchar, recibir y producir información pero además supone que el Estado debe preocuparse por la regulación, que no tiene nada que ver con la regulación de los contenidos (Ej: en tiempos de la última dictadura el Estado tenía incidencia en el aspecto de la propiedad privada).
La LSCA no mencionaba mecanismos u órganos de control como sí en otras leyes de otros países de latinoamérica (Venezuela). La ley buscaba que todas las voces llegasen a disputar el sentido. Se retoma el concepto del valor estratégico, el cual implica entender que la comunicación tiene el valor de dar batalla a las ideas.
Se menciona que el Estado debe recibir y emitir información pero también identificar quienes son los que pueden expresar su voz y quienes no. Una buena ley democrática no puede regular contenidos. Lo fundamental de la LSCA es que buscaba regular aspectos de propiedad no de los contenidos y en este sentido, no importaba qué se dijera sino que fueran más los ciudadanos y ciudadanas que pudieran expresarse.
A raíz de ello se diferenciaron: (pregunta de examen!)
Libertad de prensa: derecho de las empresas de comunicación de operar en un sector determinado.
Libertad de expresión: la libertad de la población de ejercer su derecho a comunicar.
Luego, tras idas y venidas bastante confusas respecto de los ejes 1 y 2 se decidió establecer un recorrido histórico de las leyes de comunicación precedentes, ya que antes de la LSCA del año 2009 hubo otras cuatro leyes al respecto:
La primera Ley en comunicación se estableció en 1957, cuando se sancionó el Decreto de Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión. En 1965 el decreto reglamentario 5490/65, señalaba entre otras cosas que los contenidos de las transmisiones quedaban enmarcados en una serie de normas; cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART)
En 1972 la La Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sustituyendo a la CONART.
En 1980 la ley Nacional de Radiodifusión 22.285 (deroga la anterior) contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas «necesidades de la seguridad nacional». Estableció, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias personas individuales o sociedades comerciales, exceptuando a las empresas periodísticas. No se permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión. Tampoco a las universidades se les permitía tener radios o canales televisivos.
Debido a que hasta ese momento existía un control total sobre los medios de comunicación que estaban en manos del Estado, con esta ley se abrió espacio para que pudieran ser propietarias también las empresas privadas.
Luego, en el año 1998, durante el gobierno de Menem se establecieron dos decretos al respecto:
● Decreto 1062/98 : permite la transferencia de licencias, previa autorización por el Poder Ejecutivo o el COMFER. Se abrió la cancha para el alquiler de licencias y el traspaso de una empresa a otra. (El estado deja de regular/controlar el espacio radioeléctrico)
● Decreto 1005/99 que sienta las bases legales para que un conglomerado empresarial pueda acceder a más licencias que las que, por ley, le correspondería, pasando así de cuatro a veinticuatro señales.
Con Menem se privatizan medios de radio y TV públicos, bajo la justificación de la eficiencia de los entes privados por sobre los públicos.
Así, finalmente, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto en el cual el Estado se organizaba como garante de los derechos y relaciones sociales, los medios de comunicación se encontraban endeudados y a su vez continuaban aumentando su poder de concentración de medios, en el año 2004 se conforma la Coalición para una radiodifusión democrática. Se trató de una convocatoria amplia que incluía a los sindicatos de prensa, universidades (carreras afines a la comunicación), organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros sectores para la confección de un listado de 21 puntos para una futura ley.
Esto fue conocido como Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática (CRD). Desde 2004 se organizaron debates, talleres y conferencias a lo largo de todo el territorio argentino con el objetivo de difundir los veintiún puntos por una comunicación democrática. La idea tenía como pilares básicos la federalización y la democracia, incluyendo diversos sectores para obtener el factor de representatividad.
En el año 2005 se modificó el artículo 45 que impedía a organizaciones sin fines económicos tener una frecuencia de radio o televisión. El Decreto 527/05: Suspendió por diez años el plazo de vencimiento de las licencias de radio y televisión.
En 2007 se crea Canal Encuentro, como iniciativa de creación y difusión de conocimiento de variados campos educativos, científicos y culturales. Tuvo como eje el federalismo, ya que proponía que cada provincia cree contenido local para su región.
La relación del gobierno de Néstor con la Coalición se rompe cuando en el 2007 el gobierno aprueba la adquisición de Multicanal por parte de Cablevisión, dando lugar al mayor operador de cable de la Argentina y a uno de los principales de la región.
Luego, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2008 se recibe a representantes de la CRD y se le entrega los 21 puntos. En la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional del año 2009, Cristina Fernández de Kirchner anuncia el envío a ambas cámaras del anteproyecto de ley basado en los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática.
Cuando se presenta en público la propuesta de proyecto de ley, se anuncia una serie de foros de consulta en todo el país. Se llevan a cabo veinticuatro encuentros para discutir el anteproyecto en el que participaron más de diez mil personas que realizan mil doscientos aportes a la propuesta en las principales ciudades del territorio.
En el año 2009 se aprueba la ley 26522 que da inicio a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que se proponía como órgano de aplicación de la ley.
Sin embargo, uno de los ejes controversiales fue el de las telefónicas, sobre el que se reclamaba que no fueran los mismos dueños se servicios audiovisuales los de las telefónicas. Se termina acordando una ley diferente para regular las telefónicas. La ley contemplaba que las telefónicas pudiese prestar servicios audiovisuales, lo cual será un punto de recepción de crítica.
Fue así que uno de los puntos que estaba en el anteproyecto y no se incluyó en la ley fue la prohibición de que las telefónicas para prestar servicios de comunicación audiovisual. Este punto fue central en el debate parlamentario y se terminó sacando de la ley. Se decidió llevar adelante una ley de Telecomunicaciones separado de esto.
Otro punto sensible fue la exigencia de la readecuación a un número de licencias para aquellos que tenían mas de las estipuladas como el Grupo Clarín.
Estos ejes (y el del organismo de control) fueron centrales en el debate parlamentario y después se trasladaron a judicialización.
Finalmente en el año 2015 con el gobierno de Mauricio Macri se creó el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) en reemplazo del AFSCA y el AFTIC. Mediante un DNU se derogan los puntos esenciales de la ley de medios. Se desregula la obtención de las licencias, ampliando la cantidad que es posible obtener. Por lo que se considera que se da una mercantilización de la comunicación aún mayor de la que se venía gestando ya desde la ley establecida por la dictadura cívico militar.
Sin la regulación del Estado respecto de la propiedad de los medios (y no de su contenido) al entonces avasallante poderío del Grupo Clarín se le suma ahora la reciente compra del grupo TV Litoral, llegando así a tener más de ¼ de la totalidad de las licencias.
El primer capítulo aborda el surgimiento de las TIC que hace que haya un cambio en las prácticas sociales atravesadas por la incorporación a gran escala de los dispositivos móviles. Se pasa de Medios de masas a medios de autoconvocación de masas en donde existe una fuerte oligopolización mediática (dos o tres plataformas privadas en las que millones de personas vuelcan sus contenidos a cambio de una remuneración económica considerablemente escasa, a su vez que consumen otros; o sea, se han convertido en prosumidores de contenidos).
Aquí los medios son el espacio en el que se juegan todos los poderes. Son empresas que buscan ganar dinero. Ya no se busca propiciar el acceso a la información y en ese sentido, al sector político le interesa el medio para poder llegar a la sociedad.
Se hace una distinción/oposición entre comunicado en diferido a comunicación a la carta, donde se da una selección y encauzamiento. Nos quedamos en una burbuja de todo lo que nos interesa posibilitada por las características de los dispositivos y aplicaciones actuales.
Esta comunicación a la carta no sólo se relaciona a un sentido comunicacional de contenido, sino comercial, a toda la sociedad de consumo. Se problematizó la situación actual en la cual las plataformas y redes sociales acompañan la lógica de mercado y el individualismo primando los gustos e intereses personales por sobre el acceso a la diversidad de contenidos.
El profesor (Sebastián) relacionó esta idea a la teoría de la aguja hipodérmica, en cómo mutó la concepción de influencia. Ahora la publicidad se centra en el sujeto e invade espacios,es cuestión capilar, sutil y orgánica.
Desde el grupo se remarca la tendencia actual a “Generar entornos”. Habitamos un contexto donde el sujeto está en una aldea global como ya lo predijo McLuhan, una sociedad hipermediatizada. El surgimiento de las TICS modifica las prácticas sociales y nos provee, a partir de los algoritmos que trabaja el Internet, de burbujas de intereses, es la “oferta a la carta”. Nos encerramos en posicionamientos ideológicos similares al nuestro.
En función de lo conversado, se puso en tensión la idea de democracia participativa y cómo es posible alcanzar una participación plena si los grupos sociales se van encerrando cada vez más en sí mismos.
El grupo reforzó la idea que no hablar de los medios de comunicación como el cuarto poder sino de las ganancias porque los medios reflejan las “cartas de poder”. A razón de esto, Ramonet menciona que la libertad es una utopía. y describen un mundo donde todos somos productores y receptores de la información, donde incluso los videos que circulan en las redes compiten por la atención de la audiencia consumidora de los medios audiovisuales tradicionales. Esto sucede porque en la edición de los videos para web se pone énfasis en el factor emocional.
Se discutió que la cultura se ha mercantilizado audiencia es vista como consumidora, la comunicación es una mercancía. Esto se extiende al plano político, con la mercantilización e la individualización de las audiencias, la reducción de los ciudadanos a meros consumidores de informaciones.
Concluimos que en ésta tenue división entre audiencia y ciudadanía, subyace ideas tales como la racionalidad individualista, la parcialidad de la información a la que accedemos, la comunicación como mercancía en declive de la idea que defendemos desde la cátedra, la defensa de la comunicación como derecho para la lucha contra las desigualdades. El derecho a la comunicación para la defensa de la democracia.
Luego de la exposición del grupo 1 continuamos con el inicio del desarrollo del Módulo 2. El eje 1 y 2 fue desarrollado por los grupos 4 y 5.
Comenzaron la exposición retomando la “dicotomía” entre cómo conciben a la comunicación los medios y cómo la concebimos nosotros. Por un lado se plantea que los medios ven a la comunicación como un negocio privado, donde todo es intercambiable. Y se retoma la idea de que la Comunicación es un Derecho, y que como sujetos de derecho todos tenemos derecho a la información.
Plantearnos como sujeto de derecho significa ser capaces de escuchar, recibir y producir información pero además supone que el Estado debe preocuparse por la regulación, que no tiene nada que ver con la regulación de los contenidos (Ej: en tiempos de la última dictadura el Estado tenía incidencia en el aspecto de la propiedad privada).
La LSCA no mencionaba mecanismos u órganos de control como sí en otras leyes de otros países de latinoamérica (Venezuela). La ley buscaba que todas las voces llegasen a disputar el sentido. Se retoma el concepto del valor estratégico, el cual implica entender que la comunicación tiene el valor de dar batalla a las ideas.
Se menciona que el Estado debe recibir y emitir información pero también identificar quienes son los que pueden expresar su voz y quienes no. Una buena ley democrática no puede regular contenidos. Lo fundamental de la LSCA es que buscaba regular aspectos de propiedad no de los contenidos y en este sentido, no importaba qué se dijera sino que fueran más los ciudadanos y ciudadanas que pudieran expresarse.
A raíz de ello se diferenciaron: (pregunta de examen!)
Libertad de prensa: derecho de las empresas de comunicación de operar en un sector determinado.
Libertad de expresión: la libertad de la población de ejercer su derecho a comunicar.
Luego, tras idas y venidas bastante confusas respecto de los ejes 1 y 2 se decidió establecer un recorrido histórico de las leyes de comunicación precedentes, ya que antes de la LSCA del año 2009 hubo otras cuatro leyes al respecto:
La primera Ley en comunicación se estableció en 1957, cuando se sancionó el Decreto de Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión. En 1965 el decreto reglamentario 5490/65, señalaba entre otras cosas que los contenidos de las transmisiones quedaban enmarcados en una serie de normas; cuyo cumplimiento debería ser fiscalizado por el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONART)
En 1972 la La Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 dio origen al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), sustituyendo a la CONART.
En 1980 la ley Nacional de Radiodifusión 22.285 (deroga la anterior) contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas «necesidades de la seguridad nacional». Estableció, en su artículo 45, que sólo podían ser titulares de licencias personas individuales o sociedades comerciales, exceptuando a las empresas periodísticas. No se permitía que las organizaciones sin fines de lucro (religiosas, sindicales, culturales, cooperativas, etcétera) pudieran ser titulares de radios o canales de televisión. Tampoco a las universidades se les permitía tener radios o canales televisivos.
Debido a que hasta ese momento existía un control total sobre los medios de comunicación que estaban en manos del Estado, con esta ley se abrió espacio para que pudieran ser propietarias también las empresas privadas.
Luego, en el año 1998, durante el gobierno de Menem se establecieron dos decretos al respecto:
● Decreto 1062/98 : permite la transferencia de licencias, previa autorización por el Poder Ejecutivo o el COMFER. Se abrió la cancha para el alquiler de licencias y el traspaso de una empresa a otra. (El estado deja de regular/controlar el espacio radioeléctrico)
● Decreto 1005/99 que sienta las bases legales para que un conglomerado empresarial pueda acceder a más licencias que las que, por ley, le correspondería, pasando así de cuatro a veinticuatro señales.
Con Menem se privatizan medios de radio y TV públicos, bajo la justificación de la eficiencia de los entes privados por sobre los públicos.
Así, finalmente, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto en el cual el Estado se organizaba como garante de los derechos y relaciones sociales, los medios de comunicación se encontraban endeudados y a su vez continuaban aumentando su poder de concentración de medios, en el año 2004 se conforma la Coalición para una radiodifusión democrática. Se trató de una convocatoria amplia que incluía a los sindicatos de prensa, universidades (carreras afines a la comunicación), organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos, entre otros sectores para la confección de un listado de 21 puntos para una futura ley.
Esto fue conocido como Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática (CRD). Desde 2004 se organizaron debates, talleres y conferencias a lo largo de todo el territorio argentino con el objetivo de difundir los veintiún puntos por una comunicación democrática. La idea tenía como pilares básicos la federalización y la democracia, incluyendo diversos sectores para obtener el factor de representatividad.
En el año 2005 se modificó el artículo 45 que impedía a organizaciones sin fines económicos tener una frecuencia de radio o televisión. El Decreto 527/05: Suspendió por diez años el plazo de vencimiento de las licencias de radio y televisión.
En 2007 se crea Canal Encuentro, como iniciativa de creación y difusión de conocimiento de variados campos educativos, científicos y culturales. Tuvo como eje el federalismo, ya que proponía que cada provincia cree contenido local para su región.
La relación del gobierno de Néstor con la Coalición se rompe cuando en el 2007 el gobierno aprueba la adquisición de Multicanal por parte de Cablevisión, dando lugar al mayor operador de cable de la Argentina y a uno de los principales de la región.
Luego, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el 2008 se recibe a representantes de la CRD y se le entrega los 21 puntos. En la inauguración de las sesiones del Congreso Nacional del año 2009, Cristina Fernández de Kirchner anuncia el envío a ambas cámaras del anteproyecto de ley basado en los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática.
Cuando se presenta en público la propuesta de proyecto de ley, se anuncia una serie de foros de consulta en todo el país. Se llevan a cabo veinticuatro encuentros para discutir el anteproyecto en el que participaron más de diez mil personas que realizan mil doscientos aportes a la propuesta en las principales ciudades del territorio.
En el año 2009 se aprueba la ley 26522 que da inicio a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que se proponía como órgano de aplicación de la ley.
Sin embargo, uno de los ejes controversiales fue el de las telefónicas, sobre el que se reclamaba que no fueran los mismos dueños se servicios audiovisuales los de las telefónicas. Se termina acordando una ley diferente para regular las telefónicas. La ley contemplaba que las telefónicas pudiese prestar servicios audiovisuales, lo cual será un punto de recepción de crítica.
Fue así que uno de los puntos que estaba en el anteproyecto y no se incluyó en la ley fue la prohibición de que las telefónicas para prestar servicios de comunicación audiovisual. Este punto fue central en el debate parlamentario y se terminó sacando de la ley. Se decidió llevar adelante una ley de Telecomunicaciones separado de esto.
Otro punto sensible fue la exigencia de la readecuación a un número de licencias para aquellos que tenían mas de las estipuladas como el Grupo Clarín.
Estos ejes (y el del organismo de control) fueron centrales en el debate parlamentario y después se trasladaron a judicialización.
Finalmente en el año 2015 con el gobierno de Mauricio Macri se creó el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) en reemplazo del AFSCA y el AFTIC. Mediante un DNU se derogan los puntos esenciales de la ley de medios. Se desregula la obtención de las licencias, ampliando la cantidad que es posible obtener. Por lo que se considera que se da una mercantilización de la comunicación aún mayor de la que se venía gestando ya desde la ley establecida por la dictadura cívico militar.
Sin la regulación del Estado respecto de la propiedad de los medios (y no de su contenido) al entonces avasallante poderío del Grupo Clarín se le suma ahora la reciente compra del grupo TV Litoral, llegando así a tener más de ¼ de la totalidad de las licencias.
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